OPINIÓN - ENERGÍA, DESCARBONIZACIÓN Y GOBERNANZA

Julen Rekondo, experto en temas ambientales y Premio Nacional de Medio Ambiente

El pasado sábado 16 de enero se publicó en varios diarios de nuestra comunidad un artículo de Manu Ayerdi, consejero de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, titulado “Reducir la temperatura del planeta es una prioridad”. En mi opinión hay varias cuestiones con las que estoy de acuerdo, que citaré en primer lugar.    
La primera de ellas, es la necesidad prioritaria de reducir la temperatura del planeta y con ello las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). En efecto, la comunidad científica ha dicho, por activa y por pasiva, que el cambio climático constituye una de las mayores amenazas para el futuro de la humanidad y, por tanto, hay que redoblar los esfuerzos para frenarla.  
También estoy de acuerdo con el consejero de Desarrollo Económico en que para conseguir esa reducción de GEI “hay que mejorar en eficiencia energética (consumir menos energía por unidad de riqueza generada o per cápita) y aumentar muy significativamente la cuota que representan las energías renovables en el consumo final de energía”. 

De todas formas, convendría analizar cómo se entienden estos planteamientos y que alternativas se proponen. Porque, el Sr. Ayerdi plantea otras cuestiones con las que estoy diametralmente en desacuerdo. Así, el consejero de Desarrollo Económico plantea aumentar la potencia renovable. De acuerdo, pero, ¿cómo? El consejero de Desarrollo Económico viene a decir que “no basta con decir que hay que apostar por el autoconsumo, las comunidades energéticas, las instalaciones renovables en zonas urbanizadas, la generación cercana al punto de consumo, ya que, con eso no vale, para conseguir la total descarbonización en 2050”. 

En mi opinión, la lucha contra el cambio climático y las políticas de descarbonización deben de tener en cuenta cuestiones tan fundamentales como cuánta energía se necesita, cuánta necesitamos para vivir bien y en qué medida podemos bajar el consumo energético si queremos conseguir los objetivos de reducción de emisiones en cero emisiones en 2050. La piedra angular de la transición energética ha de residir en una disminución drástica del consumo de energía, y el consumo restante de energía, evidentemente, tendrá que ser de energías renovables. Pero el quid de la cuestión está en la forma en que se quieren realizar muchos proyectos en Navarra, basados en parques solares y eólicos de grandes dimensiones, y en zonas en las que el impacto visual y ambiental es muy alto, y en los que desaparecerán, caso de construirse, valores importantes para la comunidad: en la agricultura, paisaje, biodiversidad…. y sus pueblos pueden quedar sin vida o sin recursos o sin capacidad real para gestionarlos.   

Es necesario comenzar por “el tejado”, y mientras queden cubiertas aprovechables para energía solar en polígonos industriales, polideportivos, escuelas, hospitales, casas, granjas ..., no se deberían autorizar grandes parques solares y eólicos. Las bondades de la energía solar quedan pervertidas con el modelo de grandes parques solares, que al final quedan en manos de grandes multinacionales, y en donde la posible riqueza generada queda mayoritariamente en manos foráneas. La urgencia de acciones a tomar para reducir el impacto del cambio climático no debe de ser la excusa “para tragar” con estos megaproyectos, porque si no siempre pierden el medio ambiente y las zonas que menos han contribuido a generar el problema. Y en este sentido, el Sr. Ayerdi, en todo su artículo no menciona para nada la agricultura y el desarrollo rural, que han sido y siguen siendo señas de identidad de Navarra. 

El consejero de Desarrollo Económico también hace dos afirmaciones que merecen una serie reflexión. La primera es, que “en este momento el volumen de proyectos presentados por la iniciativa privada en Navarra es muy alto, y no requieren ayudas públicas al ser tecnologías competitivas en mercado. Es una oportunidad magnífica”. En mi opinión, en el ámbito de la transición energética, es crucial contemplar la energía como un derecho y, como tal, se ha de fomentar la participación de las asociaciones sociales y de la ciudadanía en su conjunto en la toma de decisiones estratégicas de un sector clave para el bienestar de la sociedad. Para ello, es necesario dejar de ver la energía como un mero vector económico y empoderar a la sociedad como ciudadanía consciente y activa en los consumos energéticos. Necesitamos que, en el sector energético, prime el servicio al interés público, por lo que las decisiones y políticas en este sector no pueden ser impuestas por las propias empresas energéticas. 

Y la segunda afirmación es “como Administración nos toca analizarlos en el marco de la legislación vigente y autorizar aquellos que encajen en dicho marco”. Me llama poderosamente la atención que a la administración solo le toca ese papel. En mi opinión, este planteamiento entra en contradicción con el papel de gobernanza, que supone un cambio de paradigma en las relaciones de poder, en la medida que se ha considerado la insuficiencia absoluta del concepto clásico de “gobierno” para describir las transformaciones que se han ido produciendo en el contexto actual, ante el surgimiento de diversos sectores, entre ellos el de organizaciones no gubernamentales, como el resto de la sociedad civil. Y sin considerar, además, si ese marco legal es el suficiente y necesario para evaluar el impacto ambiental y territorial de esas actuaciones. Porque tenemos muchos ejemplos de cómo, amparándose en el “marco legal”, se han realizado auténticas aberraciones y, en algunos casos, tampoco se ha producido la restauración natural que provoca una sentencia judicial en contra. 

El Gobierno de Navarra debe actualizar, en el marco de la Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética, qué zonas deben quedar excluidas de estas grandes instalaciones por su valor medioambiental, agrícola, social, cultural…, y en cuáles se podrían construir con determinadas exigencias y precauciones. Mientras se elabora una planificación democrática de generación y distribución de energía, el gobierno de Navarra debe aprobar una moratoria de todos los proyectos de instalaciones industriales eólicas y solares previstas en nuestra comunidad. 

Julen Rekondo, experto en temas ambientales y Premio Nacional de Medio Ambiente