Un problema de salud pública

Juan Cruz Lara

 

         En 1993, la asamblea general de las naciones unidas aprobó una declaración sobre la eliminación de la violencia sobre las mujeres. Este fue un paso muy importante para avanzar en este problema existente desde siempre, aún con todas las declaraciones que se han hecho, todo el trabajo realizado sobre el tema y todos los artículos dedicados, el problema sigue estando latente a día de hoy. Tres años después, en 1996, la organización mundial de la salud (OMS) declaró que la prevención de la violencia es una prioridad que exige un conocimiento exhaustivo, así pues, es del todo necesario conocer datos fiables trasladados desde las asociaciones, colectivos y particulares para crear un mapa general y hacer políticas eficaces que giren en este sentido, muy especialmente en el ámbito de la violencia sobre las mujeres, ya que es este donde más hay que aplicar las medidas que se adopten.

         Normalmente cuando hablamos de violencia contra las mujeres pensamos que solamente se trata de violencia física (palizas, agresiones con armas, etcétera) el problema va mucho más allá, pues el maltrato hacia ellas comprende un amplísimo abanico que en muchas ocasiones no vemos, como es el maltrato psicológico, el emocional, el social, la soledad. A todos estos factores que suelen pasar desapercibidos, hay que darles la importancia que merecen, pues en ocasiones son los problemas más graves a los que estas mujeres se enfrentan, porque las noquean en todos los sentidos, no siendo capaces, en muchos casos de salir de esta espiral. Nunca hay que esperar a que sea demasiado tarde y hay que dar la voz de alarma al mínimo síntoma del acontecimiento, para ello se dispone de un número de teléfono (016) que no deja ninguna huella, acudir a las personas más cercanas y si es necesario, gritar con el fin de ser escuchadas. Las administraciones públicas deben velar por la vida de las mujeres maltratadas y tienen que ser prestadoras de cuantos recursos sean necesarios para que no se sientan desamparadas y puedan ejercer su derecho a una vida digna.

         Es un gran problema de salud pública porque, cuando ocurre, se movilizan un gran número de profesionales (psicólogos, médicos, enfermero/as, etcétera) además de los medios necesarios (hospitales, asociaciones, ambulatorios) y hacer un seguimiento en el tiempo por parte de las autoridades sanitarias, así que este no es un tema menor, al contrario, requiere de toda la atención de dichas administraciones. La política que se debe implantar en esta materia debe ser coherente y carente de demagogias, muchas veces, como hemos visto “apuntarse un tanto a costa de lo que sea”, esto es lo que no debemos permitir nunca, y estar vigilantes.

 

Juan Cruz Lara